Una persona acusada puede ser puesta en libertad bajo fianza mientras espera su juicio para garantizar su comparecencia en el tribunal y evitar una detención prolongada antes de ser juzgada.
La liberación bajo fianza es un método para asegurarse de que la persona imputada se presente a su juicio. Al depositar una fianza económica, el sistema judicial establece una especie de incentivo económico: el acusado recupera su dinero únicamente si está presente en las audiencias. En otras palabras, si decide huir o esconderse, pierde directamente la cantidad depositada. Esta medida está destinada a evitar los riesgos de que el acusado intente eludir a la justicia. Se basa en un razonamiento simple: las personas generalmente no tienen ganas de perder una gran suma de dinero. Es una herramienta práctica que permite al tribunal gestionar las comparecencias limitando las fugas, al mismo tiempo que evita mantener a todos tras las rejas mientras se espera el juicio.
Liberar a una persona bajo fianza antes de su juicio responde al principio fundamental según el cual todo individuo es presumido inocente hasta que no haya sido condenado definitivamente. Mantenerlo encarcelado mientras aún no ha sido juzgado definitivamente sería una violación de su libertad personal. Debe poder preparar libremente su defensa con su abogado en condiciones normales, sin ser perturbado o obstaculizado por condiciones de detención complicadas o estresantes. Por lo tanto, esta liberación permite sobre todo respetar sus derechos esenciales a una justicia equitativa.
La detención preventiva sumerge a menudo a los acusados en un entorno carcelario que altera profundamente su equilibrio personal, familiar o profesional. Estar encerrado antes incluso de haber sido juzgado puede provocar ansiedad, angoja e incluso depresiones severas. También corta de manera significativa los lazos sociales, complica las cosas para el trabajo y perturba la vida cotidiana y familiar. Una liberación bajo fianza limita estos daños: la persona puede mantener sus lazos importantes, preservar su salud mental y evitar perder innecesariamente su empleo o su reputación social. De esta manera, se evita que la detención anticipada se convierta en una sanción injustificada antes de que la justicia haya podido decidir.
Cuando un juez decide conceder o no la libertad bajo fianza, sobre todo considera si la persona representa un peligro potencial. Eso significa que se pregunta, en esencia: "¿podría este tipo reincidir o causar daño si está libre mientras espera su juicio?". Si la respuesta parece ser más bien no o muy poco probable, la fianza puede ser concedida fácilmente. Pero en cuanto el riesgo parece elevado, por ejemplo, si el acusado tiene antecedentes violentos o está involucrado en un delito particularmente grave, entonces no hay posibilidad de tomar riesgos innecesarios. El juez también examinará aspectos concretos como la existencia de una dirección estable, un empleo o lazos familiares sólidos que hagan menos probable una fuga o una reincidencia peligrosa. El objetivo es estar 100 % seguro de que, una vez fuera, el acusado no constituirá una amenaza para los demás.
Dejar a una persona libre bajo fianza ayuda a preservar sus vínculos familiares y sociales. El chico mantiene su trabajo y puede continuar su vida más o menos normalmente antes de ser juzgado. Por lo tanto, tiene menos riesgos de perder su empleo, sus referencias o sus contactos: todos elementos esenciales para evitar una futura exclusión social. También limita el impacto que causaría una detención prolongada y facilita su regreso a la vida cotidiana si es declarado inocente o condenado a una pena leve. En resumen, tendrá una oportunidad de mantener un pie en la vida normal en lugar de empezar de cero después de su juicio.
El concepto de fianza existe desde la Antigüedad. En la época romana, los individuos podían aportar garantías para evitar la prisión mientras esperaban su juicio.
En algunos países, la fianza puede ser proporcionada no solo en forma de dinero, sino también en bienes inmuebles o muebles, lo que permite a los acusados sin suficientes liquidez garantizar su liberación provisional.
La Corte Europea de Derechos Humanos considera la detención provisional como una medida excepcional, instando a las autoridades judiciales a favorecer tanto como sea posible la liberación bajo fianza para preservar los derechos fundamentales de los individuos.
En Estados Unidos, algunas agencias especializadas, llamadas 'Bail Bondsmen', prestan a los acusados la suma necesaria para su liberación bajo fianza, a cambio de una comisión.
Efectivamente, en ciertos casos, el tribunal podría decidir aplicar otras medidas como el control judicial, el uso de un brazalete electrónico o la obligación de presentarse regularmente ante una autoridad judicial, con el fin de garantizar la comparecencia en el juicio sin imponer directamente una fianza económica.
El monto es determinado por el juez, quien toma en consideración varios factores, como la gravedad de los hechos imputados, la solidez de las garantías ofrecidas por el acusado, sus recursos financieros, así como el posible riesgo de fuga. Este monto debe ser lo suficientemente importante como para incentivar la comparecencia sin convertirse en un castigo anticipado.
Si la persona acusada no se presenta ante el tribunal después de haber sido liberada bajo fianza, perderá inmediatamente la suma de dinero depositada como garantía. Además, se podría emitir una orden de arresto en su contra, lo que podría acarrear potencialmente otras consecuencias penales.
Sí. Si la persona se presenta a las audiencias del tribunal y cumple con todas sus obligaciones legales, la fianza depositada generalmente se reembolsa en su totalidad, independientemente de la decisión final dictada durante el juicio.
Claro, aquí tienes la traducción al español: "Sí, el monto establecido por el juez puede ser impugnado. El acusado o su abogado pueden presentar una solicitud ante el tribunal para pedir la revisión o disminución del monto fijado, demostrando, en particular, que este monto es excesivo en comparación con las capacidades financieras reales de la persona involucrada."
Una fianza judicial es una suma de dinero o una garantía, pagada por la persona imputada o por sus allegados, con el fin de asegurar su comparecencia ante el tribunal durante su juicio. Su objetivo es evitar la detención preventiva mientras se garantiza que el acusado cumplirá con sus obligaciones judiciales.
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